Todo se deteriora y el gobierno busca oxígeno político

En el primer semestre de este año todo ha empeorado. Los alimentos básicos y los combustibles están carísimos, los materiales de construcción triplicaron sus precios, los salarios siguen congelados y 18,000 personas que perdieron sus empleos hace un año no encuentran trabajo.

Las muertes por COVID-19 pasaron de 140 por mes en 2020 a 174 en este año. Hasta la tercera semana de junio los homicidios habían aumentado 11%; las extorciones y desapariciones no aminoran y 80 mujeres han sido asesinadas en el año.

El crédito a los hogares está prácticamente congelado, pues apenas creció 0.5% entre enero y mayo, con respecto al mismo período del año anterior, que fue muy malo.

Mientras los insumos agrícolas se encarecen, las importaciones agropecuarias crecieron 19% entre enero y mayo. O sea, que a las familias campesinas les cuesta más producir y enfrentan una mayor competencia de productos del exterior.

Entre enero y mayo el Gobierno redujo en -30% su inversión en obras y construcciones y en -6% su compra de bienes y servicios. La empresa privada enfrenta costos más altos (de energía, combustibles y materiales de construcción), no aumenta su demanda de crédito y le vente menos al Estado.

La industria nacional enfrenta una feroz competencia de bienes industriales del exterior, pues la importación de bienes de consumo industriales creció 44% hasta mayo.

Los bancos tienen sobreliquidez, pues en los primeros cinco meses del año los depósitos aumentaron 11% y los préstamos 2%. Para colmo, la reserva de liquidez del Banco Central de Reserva (BCR), que protege parte de los ahorros, disminuyó -13% entre mayo de 2020 y mayo de 2021.

El déficit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes) aumentó 46% en los primeros cinco meses del año, o sea, en 956 millones de dólares. Si no fuera por las remesas familiares, que crecieron en 1,026 millones entre enero y mayo, la economía se hubiera hundido.

Pero el crecimiento de las remesas no se debe al gobierno, que solo se dedica a pedir prestado, al extremo de que la deuda pública creció en casi 3,500 millones entre diciembre de 2019 y mayo de 2021, representa el 91% del PIB y su pago consumirá 2,400 millones del presupuesto de 2022, equivalentes a todo el gasto de salud y educación juntos, sin incluir la nueva deuda por conseguir.

Altos funcionarios del gobierno están implicados en actos de corrupción. Hasta la Secretaría General de la OEA dijo que Bukele cerró la CICIES porque esa comisión estaba investigando casos de corrupción pública. Para tapar esos hechos, los diputados y diputadas oficialistas aprobaron una ley que le otorga impunidad a las personas e instituciones de sector salud durante la emergencia.

Según la Corte de Cuentas, mil millones de dólares gastados por el gobierno en 2020 carecen de respaldo contable. Asustado por esa realidad, el ministro de Hacienda, por orden de su superior, no permite la auditoría de la Corte de Cuentas y los diputados oficialistas difaman a los magistrados de esa institución pública, para “justificar” su posible destitución.

El presidente Bukele está cuestionado por ordenarles a sus diputados y diputadas que destituyan ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Obviamente, necesitaba dar ese golpe para garantizar la “legalidad” de sus acciones y para poner un fiscal que no investigue el delito público y persiga a quienes se oponen al gobierno.

En ese contexto de deterioro económico y social, de corrupción pública y violaciones al marco constitucional, el presidente Bukele tomó varias decisiones que muestran que está a la defensiva. Primero impuso la Ley Bitcon, que ni él entiende y que ya comenzó a desplumar, pues dijo que el bitcoin no se utilizará para pagar salarios y pensiones, ni para fijar precios ni para ahorrar.

Pero como el pueblo rechazó esa medida, Bukele le ofreció 30 dólares a quienes acepten la aplicación digital de la moneda. Una locura económica pero que expresa que está a la defensiva.

Días después anunció un aumento del salario mínimo que sería pagado, entre agosto y diciembre, por el banco público BANDESAL, con dinero proveniente de deuda externa. Sin dudas quiere hacerse el simpático con la población trabajadora, pero es una medida desesperada, que no toma en cuenta los costos por rubros productos ni lo que implica seguir elevando la deuda pública.

Como la gente dice que todo está caro, Bukele paró la oreja y anunció que les dará otra canasta de alimentos a las familias, para que “no compren producción local”, con lo cual ahogará más a los productores y productoras nacionales. Un mal remedio y un daño mayor.

Para distraer a la opinión pública sobre los funcionarios corruptos, Bukele le ordenó al Fiscal allanar locales de ARENA y confiscar activos de ese partido. Los gobiernos de ARENA fueron tan corruptos como el de Bukele, pero la acción de la Fiscalía no es para combatir la corrupción pasada, sino para quitarle presión al gobierno actual, que necesita urgentemente oxígeno político.

Lo cierto es que todo está empeorando y las tendencias económicas, sociales y políticas son muy negativas para el pueblo. Y llegará el momento en que al gobierno se le agote el oxígeno.

3 de julio de 2021

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