Apoyamos estado de emergencia y rechazamos supresión de garantías constitucionales

La aprobación del estado de emergencia por 30 adías para enfrentar el peligro del coronavirus (COVID-19), es una buena medida de la Asamblea Legislativa, pues obliga al Gobierno a realizar acciones preventivas, de tratamiento, contención y atención de la enfermedad que amenaza. Pero suprimir garantías constitucionales solo permitiría que el Gobierno actúe arbitrariamente contra determinados sectores de la población y contra la oposición política.

Tras la aprobación de la emergencia, el Gobierno debería comenzar a trabajar con orden, pues hasta el momento no tiene planes quinquenales, de salud, educación y seguridad. Ni siquiera están nombrados los gobernadores, que son los responsables por ley de activar las comisiones departamentales de protección civil. El Gobierno ha provocado una crisis en el sistema de salud, debido a que redujo los recursos para el primer nivel de atención. También continúa la crisis de abastecimiento y calidad del agua, cuya gravedad es mayor porque una de las recomendaciones para prevenir el coronavirus consiste en lavarse continuamente las manos.

La emergencia obliga al Gobierno a diseñar un Plan de Prevención, Contención y Atención a la pandemia por COVID-19, prestar los servicios de salud indispensables para evitar su propagación, impedir el acaparamiento de los bienes y servicios relacionados con la prevención y tratamiento de la enfermedad, garantizar que los centros de cuarentena tengan la infraestructura, servicios y condiciones sanitarias adecuadas, mantener la estabilidad laboral, entre otras cosas. En eso se debería centrarse el Gobierno, pues es lo que le mandata el decreto aprobado por la Asamblea.

Ante su incapacidad para darle respuesta a los problemas sociales y para atender adecuadamente la emergencia, el presidente Nayib Bukele presentó un decreto adicional al de emergencia que suspende la  libertad de tránsito, el derecho de las personas a no ser obligadas a cambiarse de domicilio y el derecho a reuniones con fines pacíficos. La mayoría de diputados de derecha lo aprobaron por un plazo de 15 días, que pueden ser prorrogados, mediante una negociación oscura.

¿Qué pretende el presidente con la supresión de garantías constitucionales? Contar con el recurso de la fuerza para enfrentar posibles descontentos de la población ante la crisis que se avecina, cuando la caída del consumo provoque una disminución de las ventas de las empresas, una baja de la producción y un aumento del desempleo. Hay medidas que podrían evitar esa crisis que se está configurando, pero el Gobierno no quiere atenderlas y todo lo que está haciendo afecta a los sectores populares, a los micros y pequeños negocios y a la gente de menos ingresos.

No hay que olvidar que el presidente Bukele se ha venido comportando al margen de la ley. Ha realizado despidos arbitrarios y masivos, incluso de mujeres embarazadas y personas con discapacidad, irrespeta la Constitución cuando no elabora el plan quinquenal, ha cerrado programas sociales que estaban por ley, como los de Agricultura Familiar, de apoyo a las familias campesinas, Ayuda Temporal al Ingreso (de apoyo a los jóvenes) y Nuestros Mayores Derechos, que beneficiaba a personas pobres de más de 60 años. Y el 9 de febrero ocupó militarmente la Asamblea Legislativa y dio un Golpe de Estado Parlamentario que resultó fallido.

La población debe exigirle al Gobierno que cumpla con la emergencia, es decir, que tome las medidas necesarias para evitar que en el país se propague el coronavirus, y debe estar vigilante para evitar que el presidente cometa arbitrariedades.

18 de marzo de 2020

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *