Bukele no respeta el Estado de Derecho

El 15 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó medidas cautelares que le prohíben al Órgano Ejecutivo privar de libertad a quienes violen la cuarentena y ordena liberar a los detenidos ilegalmente en centros de contención. La Sala estableció que solo se podrá enviar a centros de contención a las personas infectadas por el COVID-19 o que tuvieron vínculos con personas portadoras del virus.

El presidente Bukele dijo que no cumplirá el fallo de la sala y ordenó a la policía seguir haciendo detenciones. Incluso, el presidente fue más allá de lo que prohíbe la Sala, pues recientemente el Gobierno aprobó, a través del Ministerio de Salud, el decreto 21, que le da facultades que trascienden la ley, limita los derechos de las personas y establece sanciones arbitrarias contra ellas.

El artículo 1 literal b del decreto incluye la figura de “caso sospechoso”, referido a las personas que sin prueba alguna sean consideradas como posibles portadoras del COVID-19, las cuales podrían ser privadas de libertad y remitidas a un centro de contención por un tiempo mayor de 30 días y sin hacérseles la prueba PCR. Ese artículo vulnera el principio constitucional de reserva de ley, pues una persona considerada sospechosa podría no tener el virus.

También es ilegal el artículo 1 literal c del mismo decreto, el cual le permite a la policía decomisar los vehículos de quienes supuestamente han “infringido la cuarentena”. El artículo incumple la sentencia de la Sala que establece que violar la cuarentena no es causa de detención de las personas, pero va más allá, pues le otorga a la policía la atribución de quitarle el vehículo a la persona detenida. Incluso, cuando la persona salga de la cuarentena, tendría que pagar una multa para recibir su vehículo.

El artículo 1 literal e también es violatorio de la ley, pues obliga a las personas a permitir que personal médico entre a sus casas sin tener una orden de un juez ni el consentimiento de las personas, como establece la legislación nacional. Además, si el personal médico considera que en el hogar hay un caso sospechoso de COVID-19, podría detener a toda la familia y enviarla a un centro de contención por más de 30 días.

Otro artículo del decreto contrario al ordenamiento jurídico es el 2, literal a, que le permite a la policía remitir a un centro de contención a toda persona que considere que salió de su casa más de tres veces y sin justificación. El artículo violenta la resolución de la Sala y el principio de reserva de ley, pues faculta a la policía a decidir si se justifica o no que alguien salga de su casa.

Algunas organizaciones sociales presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 21. La Sala de lo Constitucional debería analizarlos a la mayor brevedad posible y declararlo inconstitucional. De lo contrario, el Gobierno seguirá violando los derechos de la población y remitiendo a centros de contención a personas sanas y que terminan contaminadas.

Algunas organizaciones internacionales han criticado el comportamiento dictatorial del presidente. Hasta medios de comunicación de derecha, del país y del exterior, se han referido a sus excesos y arbitrariedades.

Bukele está enredado con la pandemia. Pide todo el dinero que se le ocurre; ataca permanentemente a la Asamblea Legislativa, que le ha aprobado los recursos necesarios y el marco legal para actuar en medio de la emergencia; arremete contra la Sala de lo Constitucional e insulta al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Con esas actitudes, Bukele está haciendo más daño que el COVID-19.  4 de mayo de 2020

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