Bukele pide más deuda pero no consigue el dinero

El Gobierno no se cansa de pedir dinero prestado para engrosar su presupuesto, pero cuando la Asamblea Legislativa lo autoriza a endeudarse, no consigue lo que pide y acusa a la Asamblea de bloquearle los recursos.

En julio del año pasado, la Asamblea le aprobó un refuerzo presupuestario de 30.9 millones de dólares para la fase 1 del Plan de Seguridad. Ese dinero se lo gastó en ese mismo año. Luego, en diciembre, la Asamblea le autorizó a endeudarse por 91 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para financiar la fase 2 del Plan.

Estamos en mayo de 2020 y el Gobierno no ha conseguido el préstamo de 91 millones para que la Asamblea se lo apruebe. La Asamblea tiene facultad de autorizar al Gobierno a endeudarse y de aprobarle los préstamos, pero es tarea del Ejecutivo conseguir el dinero mediante préstamos o vendiendo bonos.

¿Por qué el Gobierno se retrasa tanto para conseguir el dinero? ¿Es que los funcionarios de Hacienda no saben qué hacer? ¿Es que el presidente Bukele les ordena no buscar los recursos para luego decir que la Asamblea los bloquea? Pueden ser las dos cosas o puede ser solo lo segundo, porque Bukele no se cansa de mentir en este tema, como miento en casi todo.

Sin haber buscado los 91 millones para la fase 2 del Plan de Seguridad, el Gobierno le pidió a la Asamblea, en enero pasado, que le aprobara 109 millones para la fase 3 del Plan. Ese pedido no tenía sentido económico, pues si no ha conseguido el dinero de la fase 2 para que pide dinero para la fase 3.

Luego vimos que el pedido tenía sentido político, porque le sirvió a Bukele para acusar a la Asamblea de trabarle los recursos y para dar un golpe de Estado fallido el 9 de febrero, cuando militarizó el recinto legislativo y se apoderó del estrado de la presidencia de ese órgano durante 15 minutos.

A mediados de marzo se inició la emergencia por el COVID-19 y Bukele se olvidó del Plan de Seguridad y pidió que le aprobaran deuda por 2,000 millones de dólares, lo cual fue aprobado por la Asamblea el 27 de ese mes mediante el decreto 608. El dinero sería para darles 300 dólares a familias sin ingresos, apoyar a MIPYMES, pagar planillas de grandes empresas paradas y apoyar al agro.

Ha pasado más de un mes y Bukele no consigue el dinero. Solo ha logrado un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 389 millones y otro del Banco Mundial por 20 millones, ambos aprobados por la Asamblea.

El artículo 12 del decreto 608 obliga al Gobierno a crear un “Comité del Fondo de Emergencia Recuperación y Reconstrucción Económica (…) que deberá proponer al Órgano Ejecutivo el presupuesto extraordinario”. El Comité lo integran representantes del Estado, de gremios empresariales, universidades y una fundación privada. El Presupuesto que haga el Comité debe ser aprobado por la Asamblea legislativa, con un mínimo de 56 votos.

Hasta ahora el Gobierno no ha presentado en la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario ni ha dado cuenta de la entrega de 300 dólares, que son parte de los 2,000 millones de deuda aprobada. No hay un informe sobre las familias que recibieron la transferencia. Lo que hizo Bukele fue mandarle otro decreto a la Asamblea, donde dice cómo se gastarían los 2,000 millones, lo cual ya está señalado en el decreto 608.

Aunque no ha conseguido el 80% de los 2,000 millones, el Gobierno pidió hace una semana que le autorizaran un nuevo endeudamiento, esta vez por 1,000 millones, para invertirlos en lo mismo que invertirá buena parte de los 2,000 millones.

El nuevo pedido le sirve a Bukele para tratar de acorralar a la Asamblea. Si no se lo aprueban, acusará a los diputados y diputadas de oposición de bloquear los fondos para la emergencia. Y si se lo aprueban, venderá los bonos el año que viene para manejar un buen dinero durante la campaña electoral.

Bukele está negociando con los grupos oligárquicos que controlan a ARENA la aprobación de los 1,000 millones, pues no solo quiere garantizarse recursos para el año entrante, sino hacer un gran negocio, junto a los oligarcas, con las compras gubernamentales.

Quien no cuenta para nada en este negocio es el pueblo, al que le cargarán un aumento del IVA y de otros tributos para pagar la nueva deuda externa.

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