Bukele viola derecho de nuestros compatriotas a regresar al país

El pasado 16 de abril, el Órgano Legislativo emitió el decreto 621, que contiene disposiciones transitorias para el retorno de más de 4,000 personas salvadoreñas que se encuentran en 43 países del mundo. El decreto se refiere a las y los connacionales que, cuando fue emitida la Emergencia nacional y se cerraron los aeropuertos, se quedaron esperando ingresar al país.

Esas personas llevan más de 45 días varados en otros países, enfrentando problemas de escasez de recursos y con limitado apoyo de parte del Gobierno. Muchas han expresado a través de diversos medios estar en disposición de venir a El Salvador y someterse a las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno.

El Gobierno no ha creado un mecanismo o un programa para el regreso de esas personas, con lo cual viola el artículo 5 de la Constitución, que determina “que toda persona tienen libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República…”.  El Gobierno, incluso se ha negado a asistir a la cita hecha por la Comisión de Relaciones Exteriores y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa, para identificar acciones para solucionar este problema.

Ante esa situación, la Asamblea, haciendo uso de sus facultades, emitió un decreto donde se emiten las siguientes medidas:

  1. Permitir el ingreso por vía aérea, terrestre o marítima.
  2. Que para el retorno las autoridades de salud emitan un protocolo y las personas atiendan la cuarentena.
  3. Que el Gobierno gestione el transporte en los casos que sea necesario y priorice las condiciones y el tiempo que llevan las personas en esta situación.

El Decreto 621 fue vetado por el presidente Bukele con argumentos inconsistentes y basados en una falsa inconstitucionalidad. Los derechos fundamentales son inviolables y el derecho particular de ingreso al país no ha sido restringido por el decreto de Estado Nacional de Emergencia ni por el decreto de Estado de Excepción, que ya no está vigente.

Un derecho humano no puede estar por encima de otro. El derecho a la salud de las personas debe ser garantizado por el Estado y no puede ser utilizado para violar otros derechos, como el del ingreso de los ciudadanos a su país.

Alegar motivaciones políticas no es una postura jurídica, sino precisamente política. Tal acusación no tiene fundamento y no puede ser utilizada para justificar la violación de un derecho ciudadano. Nadie politiza más la emergencia que el presidente de la república, quien ha llegado al extremo de desconocer un fallo de la Sala de lo Constitucional que obliga a no hacer detenciones arbitrarias y a liberar de los centros de contención a más de 2,000 personas que han sido alojadas ahí de forma ilegal.

La Asamblea Legislativa, en su calidad de Órgano garante de la legislación, tiene la facultad de legislar cuando los derechos establecidos por la Constitución son violados por otro Órgano del Estado o no tienen garantías normativas.

La alegada forma inconsulta es falsa, puesto que la Comisión de Relaciones Exteriores y Salvadoreños en el Exterior citó para abordar este problema, previo a la emisión del Decreto, a la Ministra de Relaciones Exteriores, quien no llegó bajo el alegado de tener múltiples ocupaciones.

Si algo está claro en este asunto es que al presidente Bukele no le importa el  marco legal del país, no quiere acatar decisiones de otros órganos que contraríen su política y no le interesa la suerte de miles de compatriotas varados en otros países, ni lo que piensen o sientan sus familiares. Esas personas solo les interesaban para que votaron por él cuando era candidato a la presidencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *