Bukelistas pretenden manipular el tema de pensiones

El grupo de la llamada “marcha negra de pensiones”, organizado por organizaciones afines al Gobierno, quiere confundir al pueblo y terminará enredado en sus propias consignas.

Ese grupo dice que las bajas pensiones de las personas que fueron obligadas a pasarse a las AFP, por tener menos de 36 años en 1998, y que desde hace dos años se están jubilando, se deben a la reforma de 2017. Esa es una afirmación falsa.

Las bajas pensiones se deben a surgimiento de un sistema privado administrado por las AFP, desde 1998, que modificó el cálculo del salario base regulador, que era el salario promedio de los últimos tres años y pasó a ser el promedio de los últimos 10 años, y sobre el cual se calcula un porcentaje para pensión que no llega ni a la mitad de lo que era antes. También se calculan pensiones a partir de una renta programada que en la mayoría de los casos no pasa de la pensión mínima.

El día de la primera marcha se le entregó al diputado Juan José Martell, de Cambio Democrático, una propuesta de reforma que empeora las pensiones, pues aunque a las AFP se les reduce la comisión a 1.5%, se les otorga el 20% de los rendimientos, es decir, alrededor de 90 millones de dólares adicionales a los 30 millones que se ganan. ¡Increíble! Y aun así, le dicen a quienes se jubilarán hasta el 2024 (año electoral) que sus pensiones se duplicarán, para que esas personas voten por el proyecto de Bukele.

Otros marchan con la consigna de rechazo a las AFP pero no tienen propuestas alternativas y solo se dedican a presionar a la Asamblea Legislativa en general, sin distinguir que en ese Órgano del Estado hay representantes del FMLN, que se opuso a la privatización iniciada en 1998, y de los partidos de derecha que privatizaron el sistema de pensiones, incluyendo al partido GANA, un desprendimiento de ARENA al que se afilió Bukele.

El ataque a la Asamblea procurar llevarse de paso al FMLN y favorecer al presidente Bukele, que siempre se victimiza, como si él no tuviera iniciativa de ley a través de sus ministros, y la facultad de vetar lo que aprueba la Asamblea. Bukele tiene 10 diputados de GANA, uno de CD y otros de derecha que le dan respaldo. De manera si él quisiera que las AFP desaparezcan podría presentar un proyecto de ley con esa finalidad. Pero no lo hará, pues como gran empresario representa los intereses de la patronal, aunque sigua buscando el respaldo del pueblo para mantener su Gobierno.

La única propuesta seria que hay en la Asamblea Legislativa es la de la “Iniciativa Popular Pensiones Púbicas Solidarias y Universales, Sin AFP”, un agrupamiento de organizaciones populares, de mujeres, jóvenes, docentes, campesinos y sindicalistas, que presentó un proyecto de ley que tiene el respaldo del grupo parlamentario del FMLN y cuyas principales características son:

  • Crea un sistema público que liquida a las AFP y genera un fondo común y solidario manejado por una institución pública autónoma (el INAPS), que no tendrá fin de lucro. El INAPS absorbería los fondos y las cotizaciones de las AFP, el INPEP y la UPISSS.
  • Aumenta en un punto porcentual la aportación patronal, obligaría a los patronos a cotizar durante los períodos de maternidad y discapacidad.
  • Otorga pensiones vitalicias equivalentes al 60% del salario base regulador, que sería el promedio de los últimos 3 años. Se beneficiarían todas las personas obligadas, tanto las jubiladas como las que están cotizando.
  • Aumenta la pensión mínima de 207 dólares a 304 dólares, que es el salario mínimo vigente en comercio y servicios. A media que aumente el salario aumenta la pensión.
  • Le otorga, con recursos del Ministerio de Hacienda, una pensión no contributiva de 100 dólares a todas las personas que no hayan cotizado y cumplan 70 años, salvo las personas pensionadas y las que declaran IVA y renta. Eso significa que recibirían pensiones, cuando lleguen a la edad señalada, 800,000 amas de casa, 800,000 trabajadores por cuenta propia, 500,000 campesinos y más de 100,000 empleadas del servicio doméstico.
  • El nuevo sistema de pensiones, público, solidario y universal, tiene una sostenibilidad financieras de 32 años, período durante el cual habría que introducir cambios paramétricos para asegurar su sostenibilidad.

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