Es correcto prorrogar el estado de emergencia y no el de excepción

La Asamblea Legislativa tomó una correcta decisión al prorrogar el estado de emergencia y no prorrogar el estado de excepción, que suprime garantías constitucionales. Los diputados de derecha terminaron dándole la razón al grupo parlamentario del FMLN, que fue el único que el 13 de marzo no votó por el estado de excepción, por entender que no es necesario para enfrentar la emergencia y solo sirve para que este Gobierno autoritario reprima y persiga a sus opositores.

Durante el último mes, el Gobierno realizó detenciones arbitrarias, reprimió, amenazó a personas y medios de comunicación alternativos y atacó a todas las expresiones de izquierda o democráticas. Es tal el desprecio del presidente Bukele al marco legal, que desconoció el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que solo se llevara a los centros de contención a las personas con COVID-19 o que hayan estado cerca de quienes contrajeron el virus. La PNC siguió haciendo capturas arbitrarias de personas y remitiéndolas a centros de contención donde pueden contraer la enfermedad.

Muchos seguidores del presidente, estimulados por éste, lanzan amenazas por las redes sociales contra personas críticas del Gobierno, como si criticar o rechazar medidas incorrectas del Ejecutivo fuera un delito y como si algunos seguidores del Gobierno tuvieran derecho a calumniar y amenazar. La violencia verbal y física subió de tono cuando los acólitos del presidente constataron su irrespeto al Órgano Judicial.

El país vive una situación muy delicada. El COVID-19 es una realidad que nos llegó en medio de una crisis de salud y agua, de desmontaje de los programas sociales creados durante los Gobiernos del FMLN y de inicio de una contracción económica, ocasionada por el despido de miles de empleados y empleadas públicas, la reducción de la inversión pública y el freno de la inversión privada. Esa realidad se agrava, en buena medida, por una política gubernamental dispersa e incoherente.

El primer decreto de emergencia terminó sin que el Gobierno presentara el “Plan de Prevención, Contención y Atención a la pandemia por COVID-19” que le exige el decreto de emergencia. El Gobierno tampoco tiene una evaluación exhaustiva del primer mes de su aplicación. Sin embargo, dada la crisis sanitaria que tenemos, es correcto que la emergencia continúe, pero sujeta al diseño de un plan integral que contemple medidas en todos los campos, no solo en el de la salud. Frente a un Gobierno carente de planes, que improvisa, incumple la ley, amenaza y confronta con sus opositores, la emergencia debería servir para cambiar esa mala situación.

La Asamblea Legislativa tiene que asumir un rol más activo como órgano independiente del Ejecutivo. Debe exigirle al Gobierno que se ordene y que informe sobre sus acciones y la inversión de los recursos que le aprobaron.

Los 2 mil millones de dólares de bonos y préstamos, que el Ejecutivo aún no logra conseguir, pese a que se les aprobaron hace dos semanas, tienen que invertirse en lo que dice el decreto: apoyo a las micro y pequeñas empresas y al sector agropecuario, transferencias a las familias afectadas  por la emergencia y pago de planillas de empresas paradas. Hay que exigirle al Gobierno que presente los planes para esas acciones y que no intente desviar recursos para otros fines.

El 10 de abril, el Ministerio de Hacienda anunció la paralización de los proyectos de inversión pública para desviar los recursos a la emergencia. Estamos hablado de casi mil millones de dólares que no se invertirán en obras y construcciones, lo que provocará una mayor contracción económica y un desplome más acelerado de la recaudación fiscal. A su vez, el presidente de CONAMYPE sugiere gravar con un 5% las ventas brutas de miles de micro empresas que no están ni siquiera vendiendo o cuyas ventas se han venido abajo.

Ante un Gobierno sin rumbo económico ni social, la crisis del país tiende a agravarse. Junto a la crisis sanitaria, crece el desempleo y se incuba un profundo malestar social. Como el presidente Bukele lo sabe, intenta amedrentar a la población, amenaza e insulta a sus opositores. La agresividad que exhibe el presidente es un síntoma de su potencial debilidad.

El FMLN tiene que asumir un rol más activo en esta coyuntura, como único partido que representa los intereses del pueblo. Debemos impedir que el Gobierno siga amedrentando a la población, violando la libertad de expresión y socavando el estado de derecho. La no continuidad del estado de excepción es solo un paso en la defensa de la libertad y la democracia.

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