Indicadores económicos y sociales empeoran

La economía salvadoreña sigue dando muestran de deterioro, sin que el Gobierno tome medidas que contribuyan a su recuperación. Los efectos más negativos del daño económico recaen, como siempre, en los sectores de menos recursos.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), de julio de este año, titulado “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, estima que El Salvador tendrá una caída del PIB de -8.5%, la mayor de Centroamérica. En Nicaragua disminuirá -8.3%, en Honduras -6.1%, en Costa Rica -5.5 y en Guatemala -4.1%

La CEPAL también informó, en el estudio titulado “Los efectos del COVID-19 sobre el comercio internacional y la logística”, que entre enero y mayo el único país de Centroamérica que redujo las exportaciones fue El Salvador (-24%). Nicaragua las aumentó 14%, Guatemala 4%, Costa Rica 2% y Honduras 2%.

El Banco Central de Reserva (BCR) reportó que entre enero y julio las exportaciones cayeron -25.88%, con respecto al mismo período del año anterior. La disminución en valor es de 929 millones de dólares. Los mayores descensos se registran en las exportaciones de maquilas (-43%) y en la industria manufacturera (-22.6%). Las exportaciones agropecuarias disminuyeron -2.9%.

La inversión privada muestra un descenso considerable. Las importaciones de bienes intermedios para las empresas cayeron 23.6% entre enero y julio. Y las importaciones de maquinarias, herramientas y equipos disminuyeron -14%.

La baja inversión y la quiebra de negocios ha provocado una caída del empleo formal e informal. Hasta mayo, el ISSS registra que se habían perdido 61,177 empleos formales y había una mora patronal de 83.6 millones de dólares. Esa mora significa que muchos trabajadores y trabajadoras podrían no recibir atención en el ISSS debido al retraso de sus cotizaciones, no por decisión de ellos sino de decisión de los patronos.

Hasta el mes de junio, en las AFP habían dejado de cotizar 68,193 personas, quienes no podrían jubilarse si no consiguen un nuevo empleo que les permita cotizar durante los 25 años que exige la ley. Incluso, si consiguen empleo.

Los ingresos reales de la población siguen cayendo, debido a la pérdida de ingresos monetarios de quienes laboran en el sector informal (55% mujeres), al mayor desempleo y al encarecimiento de 6% en la canasta básica urbana y de 5% en la canasta rural, en el período febrero-junio. Aunado a ello, las remesas familiares disminuyeron en 219 millones (-8%) durante el primer semestre del año.

Pese a todas esas afectaciones provocadas por la crisis sanitaria, la contracción de la economía mundial y la mala política del Gobierno de Bukele, quien se empeña en mantener un cierre drástico de la economía, la pandemia no se detiene. Entre el 31 de julio y el 13 de agosto, el Gobierno reporta que los contagios por COVID-19 aumentaron 32% de 16,632 a 21,993, los casos activos aumentaron 43%, de 7,822 a 11,155, y los fallecimientos aumentaron 30%, de 448 a 584.

La supuesta contradicción entre apertura económica y protección de la salud es equivocada. Mientras la economía sigue bastante cerrada y en franco deterioro, la salud también empeora.

13 de agosto de 2020

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