LA CICIES ¿ES UNA HERRAMIENTA EFICAZ CONTRA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN?

Ha transcendido a los medios de comunicación, lo expresado por el El vocero interino de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), Ronalth Ochaeta, quien aseguró durante una entrevista televisiva que dicha Comisión no investigará casos de corrupción, sino que solo brindará asistencia técnica a la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicha aseveración fue expresada en el pasado reciente por una serie de jurisconsultos, quienes establecían que, por mandato constitucional, solamente el Fiscal General es quien puede iniciar la investigación del delito, monopolio de la investigación penal establecida en el Art. 193 ordinales 2°,3° y 4° de nuestra Constitución.

Aún con dichas aseveraciones realizadas por los expertos en derecho constitucional, es que el gobierno del Presidente Nayib Bukele, con pompa anunció la apertura de la CICIES, con una monumental promoción mediática en la que se hacía ver que era la solución a los actos de corrupción pasados, presente y futuros en los distintos Órganos del Estado.

Ante tal situación ¿Cuál será el papel de la CICIES en el combate a la corrupción? Dicho en palabras llanas, será una policía más, sin facultades legales que solamente investigará y dará el resultado de dichas pesquisas a la Fiscalía General de la República, la cual con los recursos que tiene determinará si inicia o no la persecución del delito. En síntesis, la CICIES no tendrá un papel decisorio, sino accesorio; es decir se vuelven como una suerte de detectives privados.

Cabe destacar que La semana pasada, tanto Ochaeta como Raúl Melara, Fiscal General de la República, firmaron un convenio de cooperación y asistencia técnica, la cual consistirá en asesoramiento, recomendaciones y transferencias de conocimientos especializados en casos concretos de corrupción por medio de capacitación y formación de los fiscales en el ejercicio de sus funciones.  Es decir, será un ente capacitador, no así como un ente que tenga la capacidad legal para poder meter colmillo a la corrupción, problema que vive enquistado estructuralmente durante décadas en nuestras instituciones estatales.

A la vez, es de hacer notar que en los últimos años se avanzó mucho en materia de transparencia, con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por lo cual se había creado la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, por parte del Órgano Ejecutivo, como una entidad que verificaba que toda la información pública oficiosa emitida por el Gobierno Central estuviera disponible en internet para que todos los ciudadanos salvadoreños tuvieran acceso a dicha información. Esta oficina fue cerrada por órdenes del Presidente Bukele y su personal fue suprimido en el Presupuesto General de la Nación 2020

Entonces vale preguntarnos ¿Por qué gastar recursos en un ente que no tiene capacidad real ni legal de combatir la corrupción, en lugar de fortalecer la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República dotándoles de las herramientas necesarias para el combate a la corrupción? ¿No es contradictorio gastar esfuerzo y recursos en un ente que no tiene incidencia real en la promoción de la transparencia y por otro lado cerrar una oficina que promovía la transparencia en el Ejecutivo por medio del acceso a la información pública de una forma sencilla, ágil y en la red? Y finalmente ¿La CICIES no es más que un truco publicitario por parte del Presidente Bukele? El tiempo y las acciones irán respondiendo a tales interrogantes.

Nota Interesante: Para los próximos dos años se ha estimado un presupuesto para la CICIES que oscila entre $12 y $15 millones, financiados por la comunidad internacional para el funcionamiento de la CICIES. ¿No serviría ese dinero para fortalecer a la PNC y FGR?

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