Presidente desmentido y acosado

El reportaje de un medio de prensa digital sobre el pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas dejó claro que el publicitado plan de seguridad no es más que una estrategia del Gobierno para darle poder territorial a los grupos criminales a cambio de que reduzcan los asesinatos y hagan labor política a favor de los partidos Nuevas Ideas y GANA. Eso significa que pasada las elecciones, si el Gobierno no les da más privilegios a esos grupos, la criminalidad terminará desbordando a la autoridad pública.

La revelación que hizo el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Alfredo Martínez, acerca que el Gobierno ha manejado 3,239 millones de dólares de deuda interna y externa durante la pandemia, recursos adicionales al presupuesto ordinario del año, dejaron al descubierto la mentira propagada por el presidente Bukele sobre la supuesta falta de fondos para enfrentar la crisis sanitaria y económica.

Después de desmentir al presidente Bukele, el señor Martínez tuvo que renunciar a la presidencia del BCR. Es el segundo presidente del BCR que le renuncia a Bukele. En medio de la pandemia también renunciaron el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y la superintendente del sistema financiero, Mirna Patricia Arévalo. La salida de esos altos funcionarios del Gabinete económico podría tener un móvil común: el desacuerdo con el manejo de los recursos que hace el Gobierno. Los indicios de corrupción ya rondan los 500 millones de dólares, solo durante la Emergencia por el Covid-19.

El presidente Bukele también quedó al descubierto con el proyecto de infraestructura FOMILENIO II, financiado con una donación del Gobierno de Estados Unidos y una contrapartida del Gobierno salvadoreño, contrapartida que él no incorporó al presupuesto de este año y puso en riesgo la terminación del proyecto. La Asamblea Legislativa tuvo que asignar 55 millones del préstamo del BID para evitar que las obras quedaran tiradas. Autoridades de Estados Unidos criticaron fuertemente al Gobierno de Bukele.

Bukele enfrenta la presión del sistema judicial para la apertura de los archivos militares, en un momento en que la Asamblea Legislativa interpeló al ministro de Defensa y recomendó su destitución por haber participado en el Golpe de Estado del 9 de febrero. Bukele y el ministro maniobran para que no salgan a la luz los crímenes cometidos por los militares durante la guerra, pero al final tendrán que ceder a la presión nacional e internacional para que se abran los archivos.

El presidente también está presionado por los veteranos de guerra, a los que no les asegura el pago de sus pensiones para los meses venideros ni el financiamiento de becas para sus hijos, como lo establece la ley. Otro sector que protesta es el de productores agropecuarios, carentes de crédito y de apoyo del Estado y afectados por la inundación de productos importados que les generan una competencia devastadora. Miles de productores y productoras podrían perder su empleo en los próximos meses.

Por otra parte, la crisis sanitaria no aminora y la crisis económica ya le quitó el empleo formal a 75,000 personas. Las empresas exportadoras han bajado sus ventas en -24% y el sistema financiero se encuentra amenazado por una crisis de liquidez, debido a que el Gobierno le extrae cientos de millones de dólares mediante la venta de certificados de inversión, dinero que no se traduce en obras y apoyos al pueblo, sino en corrupción y financiamiento de importaciones.

En medio de ese panorama tan complicado, el presidente Bukele lanzó como idea distractora la necesidad de una reforma constitucional, idea que ha sido rechazada por juristas de prestigio e instituciones académicas que le exigen al presidente que cumpla con la actual constitución.

El contenido antipopular del Gobierno es cada vez más claro para importantes sectores de la población, no importa cuánto se haya o no desgastado el presidente. La lógica de los acontecimientos terminará empujando a una parte del pueblo a chocar con el Gobierno.

24 de septiembre de 2020

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